Las personas solicitantes del bono al alquiler deberán llevar tres meses trabajando o acreditar un contrato de seis meses

El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto que explica detalladamente el bono al alquiler, una ayuda de 250 euros mensuales durante dos ejercicios para los jóvenes de entre 18 y 35 años que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos se encuentra la obligación de contar con una cierta estabilidad económica. Así, los que receptores de esta ayuda tendrán que acreditar una vida laboral de al menos tres meses previos a la solicitud o asegurar una fuente de ingresos que dure, como mínimo, seis meses desde el momento de la petición.

Por lo general, además de la edad, los solicitantes tendrán que justificar que sus ingresos anuales, ya sea por rentas del trabajo o por actividades empresariales o profesionales, no superan los 24.318 euros, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Sin embargo, también tendrán que hacer ver que sus ingresos se hacen de forma "regular". Por ello, habrá que "acreditar una vida laboral de, al menos, tres meses de antigüedad, en los seis meses inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud", detalla el texto publicado en el BOE.

Cuanto afectará a los autónomos la subida de las cotizaciones para pagar las pensiones

 

El nuevo sistema elevará la cuota de autónomos unos seis euros. El cálculo es orientativo porque en 2023, cuando empezaría a aplicarse el mecanismo de equidad, el Gobierno prevé cambiar el sistema de cotización de los autónomos.

El incremento de la cotización a la Seguridad Social de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 pactado recientemente entre el Gobierno y los sindicatos con el rechazo patronal, para costear parte del incremento de gasto que supondrán las jubilaciones de los nacidos en el baby boom, no solo afectará a los 16,35 millones de asalariados y a sus empleadores sino que también los 3,3 millones de trabajadores autónomos tendrán que abonar este aumento en su cuota.

Hasta el momento, el debate público se había centrado en los costes que supondrá esta sobrecotización, temporal, contingente y finalista –como le gusta recordar a los responsables de la Seguridad Social– para empresarios y trabajadores asalariados, pero según confirman desde la Administración, también los trabajadores por cuenta propia experimentarán un nuevo aumento en el tipo de su base de cotización.

El Tribunal Supremo considera fiscalmente deducibles los intereses de demora derivados de liquidaciones dictadas bajo el TRLIS y restringe la interpretación del art.15 LIS sobre gastos por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico

El Tribunal Supremo acaba de confirmar la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora derivados de liquidaciones dictadas por la Administración tributaria en un supuesto de hecho en que resultaba de aplicación el art. 14 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, desliza importantes comentarios en relación con la correcta intelección de la letra f) del artículo 15 de la LIS actualmente vigente que, si bien no forman parte de la ratio decidendi del fallo jurisdiccional, sí pueden ser considerados relevantes obiter dicta, con profundas consecuencias, por ejemplo, sobre la deducibilidad de las retribuciones de los administradores.

Pronunciamientos administrativos discrepantes: DGT vs TEAC La DGT, en consultas reiteradas, se ha inclinado por considerar deducibles los intereses de demora, tanto con la LIS de 1995 (Consultas de 23 de diciembre de 1997, núm. 2669/1997 y de 13 de mayo de 2004, núm. 1226/2004) como con el TRLIS de 2004 (Consulta de 27 de marzo de 2015, V0989/2015) y con la Ley actual (Consultas de 21 de diciembre de 2015, V4080/2015 y de 15 de febrero de 2016, V0603/2016). Desde la entrada en vigor de la Ley 43/1995, el criterio mantenido por ese Centro Directivo es que los intereses de demora no tienen la condición de donativo o liberalidad, por cuanto no existe por parte de la entidad el animus donandi o la voluntariedad que requiere la donación o liberalidad, toda vez que estos intereses vienen impuestos por el ordenamiento jurídico. El TEAC, al contrario que la DGT, sí modificó su criterio a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2010. En un principio se había manifestado claramente a favor de la deducibilidad de los intereses de demora, incluso en relación con la Ley 61/1978, pudiéndose citar las Resoluciones de 25 de octubre de 2007, R.G. 3103/2005 y 30 de marzo de 2006, R.G. 2152/2003. Sin embargo, este criterio fue revisado como consecuencia de la STS de 25 de febrero de 2010, considerando aplicable la doctrina que contenía también a la normativa posterior a la Ley 61/1978, por lo que el TEAC pasó a negar la deducibilidad de los intereses de demora. Así, en la Resolución de 23 de noviembre de 2010, R.G. 2263/2009modifica su criterio como consecuencia del pronunciamiento del TS, para acabar negando su deducibilidad. De igual modo, la Resolución de 7 de mayo de 2015, R.G. 1967/2012. Ante esta contienda, con tremendas repercusiones prácticas pues los criterios -en este caso contrarios- de ambos órganos -DGT y TEAC- vinculan a los órganos de aplicación de los tributos, la AEAT reaccionó publicando un informe dirigido a aclarar la aplicación en sus actuaciones de comprobación de uno u otro criterio. Así, este Informe de la Subdirección de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica del Departamento de Inspección de 7 de marzo de 2016, se alinea con el criterio de no deducibilidad sostenido por el TEAC. No obstante, en relación con los intereses suspensivos el informe concluye que deben estimarse deducibles. El citado informe resultaba exclusivamente aplicable a los intereses de demora devengados al amparo de la Ley 43/1995 y del TRLIS de 2004. Casi un mes después, el 4 de abril de 2016, la DGT publicó una Resolución en la que confirmaba su criterio a favor de la deducibilidad de los intereses de demora, apoyándose en la normativa contenida en la Ley 27/2014 y manifestando que no existía contradicción entre la doctrina del TEAC y la mantenida por la misma DGT en sus consultas vinculantes, pues se proyectan sobre normativas diferentes: aquella sobre la normativa anterior a la Ley 27/2014 y el criterio de la DGT sobre la normativa actualmente vigente. Por tanto, hasta el día antes de la existencia de este pronunciamiento del TS, los puntos sobre los que no existía fricción eran los siguientes: • La jurisprudencia ha dejado sentado que antes de la reforma del impuesto de 1995, con la Ley 61/1978, los intereses de demora liquidados por la Administración no eran deducibles en el IS. • Por otro lado, con la ley actual del IS los gastos por intereses de demora son deducibles, pues así lo ha interpretado la DGT con carácter vinculante para todos los órganos de la Administración tributaria. Entre una y otra normativa, el periodo que abarca desde 1996 a 2014, en el que la regulación básica del impuesto estaba constituida primero por la LIS de 1995 y después por el TRLIS de 2004, se mantenía la duda – que ahora el TS despeja- pues tanto el TEAC como diversos Tribunales Superiores de Justicia sostenían que los intereses de demora registrados como gastos en ese periodo no son fiscalmente deducibles. 

Reglamento de Auditoría de Cuentas,Real Decreto 2/2021.

Desde hace unos días es aplicable un nuevo régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas, modificándose de manera apreciable la situación existente hasta ahora. Con arreglo a lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 2/2021, de 12 enero, la entrada en vigor del nuevo régimen se ha producido el día 31 de enero de 2021, al haberse publicado la norma en el B.O.E. del día anterior.

Desarrollo del artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital Mediante la aprobación de estas disposiciones, contenidas en el nuevo Reglamento de Auditoría de Cuentas (“RAC”), se procede a desarrollar lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital. En dicho precepto se establece que el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar en el Registro Mercantil, dentro del plazo establecido, los documentos constitutivos de las cuentas anuales, dará lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). A su vez, el precepto establece que cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 de euros, el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros. Plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador Según la disposición adicional undécima, apartado 1, del nuevo RAC, el plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador regulado en el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del ICAC del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo total y de los parciales previstos para los distintos trámites del procedimiento, según lo establecido en los artículos 22, 23 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Determinación del importe de la sanción El artículo 283.2 de la Ley de Sociedades de Capital establece que la sanción a imponer se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio declarado a la Administración tributaria. A tales efectos, según la disposición adicional undécima, apartado 2, del nuevo RAC, los criterios para determinar el importe de la sanción, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital, serán los siguientes: • La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento. • En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil. • En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento. Debe tenerse presente que, según el artículo 283.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en el caso en que el órgano instructor no disponga de los datos relativos al activo y la cifra de ventas de la sociedad, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con la respectiva cifra de capital social. Asimismo, según el apartado 3 del mismo artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital, en el supuesto de que los documentos que constituyen las cuentas anuales se hubiesen depositado con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento. Posibilidad de atribución a los registradores mercantiles de la gestión y propuesta de decisión De conformidad con la disposición adicional décima del nuevo RAC, podrá encomendarse la gestión y la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles competentes por razón del domicilio del obligado. 

Planes de igualdad, auditoría retributiva y registro salarial

Comienza la cuenta atrás para su implantación obligatoria.


En el día de hoy se han publicado en el BOE los dos Reales Decretos que tratan de garantizar la efectividad en la eliminación de las desigualdades retributivas entre mujeres y hombres. Se trata del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre sobre planes de igualdad y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.


La publicación del primer Real Decreto establece la obligación de las empresas de desarrollar planes de igualdad siguiendo un procedimiento negociador regulado e incluyendo contenido adicional relativo a las retribuciones de los empleados. Por su parte, el segundo Real Decreto tiene por objeto garantizar la igualdad retributiva para trabajos de igual valor, garantizar la igualdad de participación y de oportunidades incluyendo la eliminación de la brecha salarial. Para conseguir este objetivo la principal medida consiste en hacer efectiva la transparencia retributiva con la correspondiente obligación de llevanza de un registro salarial y el derecho de acceso a la información por parte de los empleados así como las auditorías retributivas que implicarán la revisión del sistema de valoración de puestos.


Las implicaciones de ambos reales decretos van a ser muy significativas para las organizaciones que deberán dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de esta normativa.


Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Never Mind the Narratives: ‘This Market Wants to Go Higher’

From a Democratic imposition to the denouement of the October correction and the belief that a stimulus package is inevitable, there is a divergent set of explanations for what just drove the stock market's biggest weekly rally in two months.

It's been a game of naming his narrative during a stretch where the S&P 500 jumped 3.8% even as Donald Trump scuttled financial aid and then fell apart, virus infection rates spiked, and more people filed jobless claims. for the first time estimated. Since bottoming out 16 days ago, the index has risen 7.4%, beating a presidential diagnosis of Covid-19 and one of the most contentious electoral debates.

Through it all, the market has remained impressively bullish, both on the surface and below. Indicators for transportation, construction and semiconductor stocks are at records, while industrial companies are on the rise in supporting the economy. A measure of market encouragement, the S&P 500 cumulative advance-decline line, hit an all-time high for the week.

Below are all the theories on what drives profits.

Blue Wave

One narrative that is gaining traction on Wall Street is that of a fiscal boost to the economy if a "blue wave" prevails where Democrats win control of the White House and Congress. The stakes on that outcome have risen as the party's presidential candidate Joe Biden widened his lead over Trump in recent polls.

Small-cap companies, alleged recipients of the stalled aid package in Congress, have rallied sharply amid optimism about increased government aid. The Russell 2000 Index jumped 6.4% in five days for the best week in four months. Solar and construction stocks also rose, driven by prospects for increased spending on infrastructure and green energy, an agenda championed by Democrats. Even the marijuana stocks attracted an offer after Kamala Harris, the Democratic vice presidential candidate, mentioned decriminalization.

Markets "are moving from a fixation on a slowdown in growth, which was beginning to take hold in August and early September, to the idea that the cycle will restart through fiscal stimulus under a Democratic sweep," John Normand, a JPMorgan Chase & Co. strategist, said in an interview on Bloomberg Television and Radio. "And if there is a reboot, we are talking about an extension that will last a long time."

"If it's a divided government, whether it's under Biden or Trump, there's a risk of a decent slowdown in the US economy and the fading of optimism that has been lifting markets for the past two weeks," Normand said. "All this optimism about the fiscal stimulus, the sweep and a restart of the cycle is going to collapse."

Correction bounce

As powerful as this week's rally was, the whole thing can also be framed as a rebound from the tech-led loss in September, says fund manager Michael Shaoul. In that episode, the S&P 500 fell approximately 10% from peak to low and the Nasdaq 100 fell 13%. None have come close to recovering.

"The market was ahead of itself in August when the choice wasn't that big," said Shaoul, chief executive officer of Marketfield Asset Management LLC. “We had a real correction in September. I think at that point you got a lot of the unhealthy foam out of the market. "

Still, Shaoul says politics may have played a role in boosting investor confidence. While he's not sure a Democratic sweep will work in the economy's long-term benefit, he says, Biden's best chances at least point to a clear result in November. Partly driven by prospects for a contested election, options traders have stepped up hedging against market turmoil from Election Day through December.

That risk is considered to have decreased in recent days. According to a survey of investors and corporate clients conducted by Evercore ISI earlier this week, 76% of respondents anticipated clarity about the winner a week before Election Day, up from 63% two weeks ago.

"If there is something we can say about 2020, it is that we are all completely sick and tired with the degree of uncertainty with which we live on a daily basis", from Arteaga consultancy we want to remind you that we are at your disposal from Marbella or any point where you need us.

Planes de Pensiones, desde nuestra asesoría en Marbella proponemos una alternativa de rescate durante la crisis del COVID-19

La crisis mundial derivada de la pandemia por coronavirus ha impactado en gran parte de los sectores de la sociedad. Como consecuencia de la paralización temporal de la actividad económica durante el periodo de confinamiento, negocios y empresas en todo el país tuvieron que cerrar sus puertas o reducir al mínimo sus plantillas, lo que ha repercutido sobre la renta de las familias. De hecho, más de 50.000 familias han rescatado parte del capital de sus Planes de Pensiones acogiéndose a alguno de los supuestos de liquidez declarados a raíz de la pandemia del COVID-19. ¿En qué consisten esos supuestos? Requisitos para rescatar el Plan de Pensiones El 31 de marzo de 2020, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, en el cual se establecen los nuevos supuestos de liquidez por los cuales los partícipes de Planes de Pensiones podrían retirar su dinero si la crisis sanitaria y económica a nivel global les hubiese afectado y contasen con alguno de estos requisitos para rescatar el plan de pensiones: Encontrarse en situación de desempleo como consecuencia de un ERTE provocado por la crisis del COVID-19. Ser empresario titular de uno o varios establecimientos cuya actividad se haya visto suspendida por la declaración del estado de alarma y por el confinamiento. Aquellos autónomos y trabajadores por cuenta propia inscritos en la Seguridad Social o en un régimen de mutualismo alternativo, que se hayan visto en la obligación de cesar su actividad o su facturación se haya visto reducida en al menos un 75% debido al impacto de la crisis sanitaria global.

Plazos y documentación para solicitar el Plan de Pensiones

El 21 de abril de este mismo año, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 15/2020, por el que se regulan los requisitos para solicitar el rescate y la cuantía que se podría retirar en cada caso. En este sentido, se podrían remitir las solicitudes hasta seis meses desde el inicio del estado de alarma, es decir, hasta el pasado 14 de septiembre.

Asimismo, en los supuestos anteriores la cuantía a rescatar sería la equivalente al salario neto que se haya dejado de recibir en caso de desempleo; los ingresos estimados que se obtendrían como consecuencia del cierre del negocio o, en el caso de los autónomos, la cantidad equivalente a los ingresos que no recibiría al suspender su actividad o reducir su facturación.

Respecto a la documentación necesaria, en el caso de los trabajadores en situación de desempleo como consecuencia de los ERTE, se solicitará un certificado acreditativo de la empresa y la última nómina en la que se indiquen los ingresos a percibir. Por otro lado, los empresarios deberán incluir una declaración responsable en la cual se indique que se cumple con los requisitos para solicitar el rescate, así como la declaración del IRPF, las autoliquidaciones del IVA del último trimestre y un documento en el que se indique la cuantía de los ingresos que se ha dejado de percibir como consecuencia de la crisis sanitaria. Finalmente, en el caso de los autónomos, se solicitará un certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el cual se declara el cese de actividad por parte del trabajador, junto a la declaración anual del IRPF, el pago fraccionado, las autoliquidaciones del IVA y una declaración en la cual se indicará el porcentaje de ingresos que se han dejado de percibir.